La Agencia Tributaria embargó la cuenta común de la junta
La segunda parte de la investigación de El Periódico sobre los avales de la directiva del Barça destaca la presión de Hacienda sobre el club.
El Periódico ha publicado la segunda parte de la investigación que sacó a la luz el miércoles respecto a cómo se sostuvieron los avales de la junta de Joan Laporta en marzo del 2021 para poder conformar in extremis la directiva corriendo el riesgo real de la repetición electoral.
Si en la primera entrega se desvelaba cómo la empresa americana ISL había prestado a la junta 350.000 euros que fueron ingresados en la cuenta conjunta antes de que a esta misma empresa se le adjudicara la organización de dos amistosos de la gira veraniega de ese año por Estados Unidos, ahora queda clara la presión que ejerce la Agencia Tributaria española sobre esta cuenta y el aval.
El Periódico publica parte del escrito de Hacienda para recabar información sobre qué personas sostenían los cargos del aval (que según la ley deben de ser de la junta) y desvela que dicha cuenta ha sido embargada varias veces por impagos de algunos directivos.
El rotativo catalán habla de embargos correspondientes a impagos a la Seguridad Social, deudas con la propia Agencia Tributaria o incluso multas de tráfico impagadas de algunos particulares de la junta. Estas cantidades se iban a embargar de las cuentas particulares de los directivos, pero como a veces no se encontraban los fondos suficientes, se embargaba esta cuenta solidaria. En la información se habla de que un directivo en concreto mantenía una deuda de un millón de euros con la Agencia Tributaria.
Estos embargos han generado ciertas tensiones entre los de la junta que sí que están al día de sus pagos respecto a otros que han aportado “muy poco o nada”, según informa Toni Frieros, autor de la noticia.
Algunas de las personas ajenas a la junta que ayudaron en el aval como es el caso del empresario José Elías, que aportó 40 millones bajo la promesa incumplida de que el club se haría cargo de los costes de mantener el aval (algo que la ley tampoco permite) ya han declarado ante los inspectores fiscales.
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