Le transfieren por error casi 400.000 euros, se los gasta en horas y ahora le busca la Justicia: “Pensé que eran 400 euros”
Ha ocurrido en Argentina, y ahora la Justicia correspondiente les exige ahora 165.000 euros de multa a ella y a su familia.
Un error istrativo del Gobierno provincial de San Luis, en el centro de Argentina, ha desencadenado un escándalo judicial que tiene en vilo a una familia humilde de la localidad de Villa Mercedes. Verónica Alejandra Acosta, que esperaba una transferencia de apenas 8.000 pesos argentinos —menos de 7 euros— en concepto de cuota alimentaria, recibió por equivocación más de 510 millones de pesos, lo que equivale a casi 400.000 euros.
Lejos de advertir del descomunal error, en cuestión de horas la mujer gastó gran parte del dinero. Realizó 66 transferencias bancarias a familiares y se embarcó en una ola de compras que incluyó electrodomésticos, artículos para su casa y un Ford Ka de 2014. “Pensé que eran 500.000 pesos (unos 400 euros), no millones”, declaró Acosta en su defensa en una entrevista para el medio La Opinión Austral.
En ese mismo testimonio, la beneficiaria accidental concretó que el dinero fue gastado solamente en necesidades básicas y para ayudar a familiares. “Compré una nevera, dos televisiones, una freidora, un microondas, una cisterna…”, explicó. El resto fue enviado a parientes mediante 66 transferencias, algunas de hasta medio millón de pesos (unos 460 euros), incluyendo 50.000 pesos (46 euros) a una hermana en Formosa, al norte del país.
Imputaciones y multas
Al detectar el error, el Gobierno de San Luis denunció el caso. Esto derivó en un allanamiento a la vivienda de Acosta y en su consiguiente detención, además de la de cinco de sus familiares, todos imputados por presunto fraude a la istración pública. Los bienes adquiridos fueron confiscados por orden judicial, según informa La Opinión Austral.
La Justicia argentina impuso a cada uno de los seis acusados una multa, convertida en euros, de unos 27.700 euros. Entre todos, más de 165.000 euros, con un plazo de tres días hábiles para abonarla y evitar la prisión preventiva. El abogado defensor de la familia calificó la medida como “exorbitante e imposible de cumplir”. “No estamos ante una red de estafadores, sino ante personas humildes que fueron víctimas de un error del Estado”, afirmó.
Mientras la familia espera la resolución judicial y vive bajo la amenaza de ser encarcelada, el caso ha generado debate en Argentina sobre la responsabilidad del Estado ante errores istrativos y la proporcionalidad de la respuesta judicial. “No somos delincuentes”, reiteró Verónica, “solo hicimos lo que haría cualquiera con tanta necesidad y sin saber qué estaba pasando”.
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