Adiós al 100% de la pensión de la Seguridad Social: esto es lo que te pueden quitar según lo que adelantes la jubilación
La Seguridad Social penaliza las jubilaciones anticipadas con recortes proporcionales, según los años cotizados y el tiempo adelantado respecto a la edad legal.
Acogerse a la jubilación antes de alcanzar la edad ordinaria tiene consecuencias directas sobre el importe de la pensión pública. Según los últimos datos y criterios fijados por la Seguridad Social, quienes opten por retirarse a los 63 años, la edad mínima legal permitida para jubilarse de forma anticipada con al menos 37 años y 9 meses cotizados, podrían ver reducida su pensión hasta en un 21%, dependiendo del tiempo exacto que se adelante la jubilación y de la modalidad elegida.
El sistema público de pensiones español penaliza el retiro anticipado aplicando una serie de coeficientes reductores mensuales, que son permanentes y afectan a toda la vida del pensionista. Estos recortes se calculan de forma progresiva en función de los meses que se adelanta la jubilación respecto a la edad ordinaria (que en 2025 es de 66 años y 6 meses si no se ha cotizado lo suficiente, y de 65 si se han superado los 38 años de cotización).
Desde la reforma introducida por la Ley 21/2021, los coeficientes se aplican mensualmente en lugar de por trimestres, permitiendo una mayor personalización pero también endureciendo los recortes en muchos casos. Así, jubilarse justo 24 meses antes de la edad ordinaria implica afrontar los porcentajes más altos de penalización.
Por ejemplo, si una persona con una carrera laboral inferior a 38 años y medio decide retirarse a los 63 años (cuando su edad legal de jubilación es 65), se le aplicará una reducción de hasta el 21% sobre su pensión, de acuerdo con los coeficientes publicados por la Seguridad Social. En cambio, alguien con más de 44 años y 6 meses cotizados verá reducida su pensión en menor proporción, alrededor de un 13%, si se jubila a esa misma edad.
Es importante tener en cuenta que los recortes dependen también del tipo de pensión calculada: si es la base reguladora máxima, la penalización será un porcentaje de esa base; si se trata de la pensión ya reconocida, la reducción se aplica directamente sobre ella. Esta distinción resulta crucial, especialmente en los casos de pensiones altas que alcanzan el tope máximo contributivo.
Además, la Seguridad Social contempla diferencias entre la jubilación voluntaria y la forzosa (por causas ajenas a la voluntad del trabajador, como un despido colectivo o un cierre empresarial). En la modalidad involuntaria, la edad mínima de se rebaja a los 61 años, y los coeficientes reductores también son algo más suaves.
Aunque jubilarse a los 63 es legal y posible para muchos trabajadores, hacerlo implica asumir una merma permanente en los ingresos mensuales de jubilación. En cifras concretas, una pensión inicial de 2.000 euros mensuales podría reducirse hasta unos 1.580 euros si se aplica la penalización del 21%. A lo largo de dos décadas de retiro, la diferencia acumulada puede ser significativa.
Por ello, los expertos en planificación financiera recomiendan analizar caso por caso, teniendo en cuenta tanto el historial de cotización como las necesidades personales y familiares. En algunos supuestos, esperar un año más puede suponer una mejora sustancial del importe mensual de la pensión, así como una mayor tranquilidad económica a largo plazo.
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